El hombre habría sometido a la víctima a violencia psicológica.

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de feminicidio agravado a un hombre por su presunta responsabilidad en el crimen de su excompañera sentimental, en hechos ocurridos el 14 de julio de 2023, en Dosquebradas (Risaralda).

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, el investigado de 54 años, llegó con la víctima en motocicleta hasta su vivienda y posteriormente, se desplazaron hacia el sector conocido como El Pital Bajo.

Se presume que en el lugar el agresor intentó hacer contacto físico con la mujer quien se negó, a raíz de esto la habría golpeado con una piedra causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el señalado agresor habría sometido a la mujer a un ciclo de violencia psicológica, ejerciendo actos de poder y subordinación, situación que se intensificó cuando ella decidió no continuar con la relación sentimental.

Un fiscal de la Seccional Risaralda hizo una reformulación de la imputación realizada inicialmente por el delito de desaparición forzada, en el entendido de que en marzo pasado el hombre suministró información que permitió ubicar el cuerpo de la víctima.

En el desarrollo de la audiencia de imputación el procesado no aceptó su presunta responsabilidad en el nuevo cargo.

El investigado permanece privado de la libertad desde el 25 de marzo pasado, cuando un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.

 

 

 

CLCG/AMCJ/AGT/CEFC/DSR

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.