También fue procesado el exsecretario de Desarrollo Social del mismo municipio.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a la exalcaldesa de San Vicente de Chucurí Emilce Suarez Pimiento, y el exsecretario de Desarrollo Social del mismo municipio Carlos Alfonso Saucedo Serrano, presuntamente implicados en actos de corrupción ocurridos con la firma de un contrato por más de 73 millones de pesos.

Los hechos que motivaron la determinación judicial ocurrieron en julio de 2010, luego de la suscripción de un contrato para la prestación de servicios profesionales de un ingeniero de sistemas que apoyara la administración municipal en el área de la informática.

Entre las funciones establecidas estaba la realización de análisis, del desarrollo e implementación de un software que les permitiera a los planteles educativos públicos y a la comunidad educativa controlar, informar e interactuar en línea con la formación académica y las actividades curriculares de los colegios oficiales del municipio.

También se estableció que en agosto de 2011 el municipio desembolsó los recursos pactados, a pesar de no haberse implementado el software, ni entregado las claves y usuarios a los estudiantes, docentes y padres de familia.

Para la Fiscalía, entre las irregularidades detectadas, se encontró que se incumplió con los requisitos de ley, se omitieron los estudios previos y no se tuvieron en cuenta los principios de economía, planeación, transparencia, selección objetiva, legalidad y moralidad.

Los procesados fueron imputados con delitos como contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. La exalcaldesa aceptó los cargos imputados de acuerdo con su responsabilidad penal individual.

DRA/MAGA/AC/DSS.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.oto: