La investigación está relacionada con hechos ocurridos durante el primer periodo en el que el mandatario estuvo en el cargo.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos de prueba que dan cuenta de la  posible participación del gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, en presuntas irregularidades detectadas en un contrato de alimentación escolar suscrito en agosto de 2015, cuando se desempeñó por primera vez en el cargo.

El mencionado contrato fue celebrado entre el departamento de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, tuvo un plazo de ejecución de 59 días y su valor superó los 17.140 millones de pesos.

En las verificaciones la Fiscalía identificó, por lo menos, nueve inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación. Las investigaciones dan cuenta de que estas actuaciones habrían generado un peculado que asciende a $3.172’808.072.

En ese sentido, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al gobernador Monsalvo Gnecco los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

Por disposición del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que dirige las audiencias concentradas, la petición de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía se realizará la próxima semana.

Esta información se publica por razones de interés general.

JARG/GRJD/MCRC.

La Fiscalía habla con resultados

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.