En un segundo caso, una menor de edad fue judicializada porque, al parecer, intoxicaba a un perro con el humo de una sustancia estupefaciente.
Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) lograron la judicialización de dos personas como presuntos responsables de afectaciones a perros en Córdoba y Tolima.
Muerte de ‘Zeus’ por falta de atención
Por la posible falta de cuidado y atención de su animal de compañía, un canino llamado ‘Zeus’, la Fiscalía imputó a María Consuelo Forero Guzmán el delito de maltrato animal.
Los hechos investigados ocurrieron en la vereda La Palmilla, en Ibagué (Tolima). Denuncias ciudadanas alertaron sobre las malas condiciones en las que la mujer mantenía al perro. En ese sentido, autoridades locales se trasladaron a la finca de la propietaria, el 16 de marzo de 2021, y encontraron al animal con bajo índice corporal, lesiones cutáneas, entre otras condiciones precarias de salud.
‘Zeus’ fue recuperado y trasladado a un centro de atención veterinario; sin embargo, murió de dos infartos ocasionados por graves afectaciones internas y una desnutrición severa.
Afectación a cachorro en Montería
El pasado 19 de enero, en Montería (Córdoba), la ciudadanía denunció que una menor de edad, al parecer, consumía sustancias estupefacientes y arrojaba el humo a un cachorro de su propiedad. Unidades de la Policía Nacional constataron los hechos y aprehendieron a la señalada infractora, quien estaba alterada.
El animal fue atendido en el Centro de Protección Animal de la ciudad por una posible intoxicación. Por estos hechos, la adolescente fue imputada por el delito de maltrato animal, cargo que fue aceptado.
AMCJ/JARG/MCRC/
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
