Tras denuncia instaurada por el INCO, ahora Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Fiscalía General de la Nación imputará cargos por prevaricato y concusión en contra de la Juez Segunda Civil del Circuito de Buga (Valle del Cauca), Norella Acosta Tenorio.
De acuerdo con el fiscal del caso, la juez desacató una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó la nulidad de la resolución que obliga al Estado al pago de 16 mil millones de pesos a la familia Grajales Téllez, por el inmueble denominado El Parador de Buga, por donde se construye la vía que de ese municipio conduce a Buenaventura (Valle del Cauca).
Según el ente acusador, en el año 2005 se realizaron 7 avalúos al inmueble por 2100 millones pesos, cifra que le fue ofrecida a los propietarios, quienes se negaron por considerar que el negocio tenía un prestigio, reconocimiento y el precio a futuro tendía a valorizar por metro cuadrado.
“En los casos de expropiación, como el que nos convoca, el avalúo no contempla el Good Will o el Know How, es decir el buen nombre o prestigio comercial, tal y como lo hizo la juez Acosta Tenorio al proferir la sentencia que calculó muy por encima del justo valor del predio”, agregó el delegado fiscal.
La Fiscalía cuenta con documentos, grabaciones e interceptaciones telefónicas en las que aparece la juez cobrando un porcentaje ilegal por el fallo proferido que afecta las arcas del Estado.
Entre tanto, fueron solicitadas a un juez penal, se profieran las respectivas medidas cautelares que suspendan de manera provisional el pago de la cifra que a precio de hoy, asciende a 34 mil millones, por los supuestos perjuicios e intereses ocasionados durante varios años que lleva este litigio.
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