Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia solicitó audiencia de formulación de imputación y de medida de aseguramiento de detención domiciliaria, en contra el gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Julio Hawkins Sjorgreen. La decisión se adoptará por las posibles irregularidades en contratación durante la emergencia sanitaria por Covid 19.
El material probatorio recaudado por la Fiscalía evidenció que entre el 2 abril y el 29 mayo de 2020, Hawkins Sjorgreen suscribió 16 contratos de prestación de servicios por valor de $240’551.122 siendo los beneficiados personas naturales que se encargarían de apoyar la gestión de la Secretaría de Turismo. Esto debería cumplirse en un plazo de siete meses.
Los contratos tendrían como objetivo la realización de actividades de inspección turística, actualizar la información de la isla para ser difundida a los visitantes; al igual que auxiliares de enfermería, entre muchos otros.
Según la investigación, los referidos contratos no podrían suscribirse debido a que, para entonces, un decreto nacional impedía la realización de actividades recreativas en lugares como playas y sitios de interés turísticos, para evitar la propagación del Covid 19.
La Fiscalía evidenció que durante el proceso que culminó con la cuestionada firma no se adelantaron los estudios previos adecuados, ni se contemplaron las necesidades de la población en el marco de la pandemia. Otra de las irregularidades, se relacionaría con la aparente existencia de fallas en la supervisión de la ejecución de los contratos pues los pagos, al parecer, se habrían adelantado sin que las actividades contratadas se realizaran.
La Fiscalía imputará a Hawkins Sjorgreen como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/MAGA/MCRC/GRJ/DCSJ/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
