Luego de que le solicitaron la renuncia, la exfuncionaria ordenó terminar de manera anticipada 106 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, y suscribió inmediatamente los mismos para ampliar el término de ejecución.
La Fiscalía General de la Nación presentará ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitud de audiencia de imputación de cargos a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, como posible responsable de varias conductas delictivas en el trámite y celebración de más de un centenar de contratos.
De acuerdo con los elementos de prueba, luego de que el Presidente de la República le solicitó públicamente la renuncia, la noche del 28 de febrero del año en curso, la exfuncionaria ordenó dar por terminado de manera selectiva y subjetiva 106 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses.
En las actas de terminación anticipada cada contratista señaló que ponía fin al compromiso laboral por motivos personales. Sin embargo, por instrucción de la entonces ministra, en apenas cuatro días fueron contratados nuevamente, pero por un término mayor que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023.
En la investigación se estableció que los contratos fueron celebrados nuevamente en aparente desconocimiento de las normas de contratación pública.
Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará a la señora Urrutia Ocoró el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En este caso no se solicitará la imposición de medida de aseguramiento.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JARG/GRJD/UFDCSJ/MCRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
