Jairo Alberto Zapa Pérez fue asesinado en marzo de 2014, y su cuerpo encontrado cinco meses después en un paraje rural en Pueblo Nuevo (Córdoba).
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, imputará al contratista Jesús Eugenio Henao Sarmiento como presunto responsable del homicidio del entonces exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez.
En el curso de la investigación se estableció que la víctima asistió a una reunión en una casa del barrio La Castellana, en Montería, la tarde del 27 de marzo de 2014. A este encuentro, al parecer, asistió el hoy indiciado. Desde entonces, el señor Zapa Pérez desapareció. En agosto del mismo año, luego de casi cinco meses sin noticias sobre su paradero, el cuerpo fue encontrado en un paraje rural, en Pueblo Nuevo (Córdoba).
Este hallazgo fue posible por la confesión de Joice Rafael Hernández Muñoz, un exintegrante de las extintas AUC, quien reconoció haber sido contratado para ejecutar el asesinato. Este hombre fue condenado a 23 años de prisión.
El material de prueba da cuenta de que Henao Sarmiento habría planeado y ordenado el crimen para, supuestamente, no cumplir con el pago de dádivas, luego de ser favorecido con varios contratos de ciencia y tecnología en el departamento. En ese sentido, la Fiscalía le imputará a título de determinador el delito de homicidio agravado con circunstancias de mayor punibilidad.
Esta información se publica por razones de interés general.
JARG/GRJD/UFDCSJ/MCRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
