Es señalado de obligar a un subalterno a modificar una entrevista incluida en el informe de policía judicial realizado luego de la denuncia de la pérdida de un dinero en la vivienda de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua, quien está vinculado a la investigación por las interceptaciones ilegales realizadas a tres personas, entre ellas Marelbys Meza Buelvas, exempleada de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia Torres.
En esta oportunidad, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó un nuevo delito. Se trata de falsedad material en documento público, el cual no aceptó.
Los elementos de prueba recolectados indican que el intendente habría ordenado a un patrullero modificar y adicionar algunos apartes de la entrevista que dio Marelbys Meza, con ocasión de la pérdida de un dinero en la vivienda de la señora Sarabia Torres, el 29 de enero del año en curso.
En ese sentido, se incluyó que la exempleada tomó un servicio de transporte particular, luego de culminar su jornada laboral, el día en el que se extraviaron unos dólares. Esta información, presuntamente, se usó para justificar una declaración tomada de manera extemporánea a un conductor de plataformas virtuales de transporte.
La investigación da cuenta de que el intendente Quinchanegua, al parecer, presionó a su subalterno, a través de mensajes de texto y de manera verbal, para que procediera irregularmente. La entrevista alterada hizo parte del informe de policía judicial presentado a la fiscal que ordenó interceptar las comunicaciones de Marelbys Meza Buelvas y otra persona, con base en varios elementos suministrados por los imputados por estos hechos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/CYHL/DECC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
