Los elementos de prueba obtenidos dan cuenta de que Santiago Castaño Morales y Nova Lorena Cañón Reyes se habrían apropiado de recursos públicos.
La Fiscalía General de la Nación presentó nuevamente ante un juez de control de garantías a dos de los presuntos integrantes de una red de corrupción que habría direccionado la contratación en entidades del orden nacional y regional, y les imputó el delito de peculado por apropiación.
Se trata de Santiago Castaño Morales y a Nova Lorena Cañón Reyes, quienes fueron capturados y judicializados en marzo del año en curso por otras conductas relacionadas con los distintos roles que, al parecer, ejercieron para garantizar que varios proyectos obra, bienes y servicios quedaran en manos de personas referenciadas por un excongresista.
Castaño Morales, en su calidad de contratista, al parecer, entregó recursos públicos a otros involucrados en el entramado criminal, en tres eventos distintos. Inicialmente, se habría apropiado de 100 millones de pesos que correspondían al anticipo de un contrato para la construcción de una cancha en Balboa (Cauca); luego, de 285 millones de pesos de un contrato de interventoría en la Central Hidroeléctrica de Termo-Paipa; y, finalmente, 1.299 millones en un contrato de obras para mitigar riesgos por la temporada de lluvias en Manizales (Caldas).
De otra parte, la señora Cañón Reyes, presuntamente, recibió 170 millones de pesos por mediar entre un ministerio y una fundación para la ejecución de un proyecto cultural en Salamina (Caldas).
Los dos procesados no aceptaron el cargo en su contra. El juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia y les dictó orden de captura.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/EAC/DECC/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
