Se trata de 5 órdenes de proveeduría para el suministro de horas de maquinaria amarilla y volquetas; y las interventorías para atender emergencias en municipios de Córdoba por 8.671 millones de pesos.
La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación avanza en la judicialización de nuevos hechos de corrupción relacionados con el direccionamiento de la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En ese sentido, fue presentado nuevamente ante una juez de garantías el exdirector de Manejo de Desastres de la entidad, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, e imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos por diez eventos. Cargo no aceptado por el procesado.
Se constató que entre agosto y diciembre de 2023, Pinilla Álvarez, junto a otros dos funcionarios de la subdirección general de la UNGRD direccionaron 5 órdenes de proveeduría para el suministro de horas de volquetas y maquinaria amarilla con sus interventorías. El objeto era mitigar emergencias en Puerto Escondido, Moñitos, Canaletes, Ciénaga de Oro y Los Córdobas en el departamento de Córdoba.
El total de los negocios jurídicos alcanzaron los 8.671 millones de pesos. Estos recursos no fueron desembolsados a los contratistas.
Pinilla Álvarez, aprovechado su cargo y extralimitando sus funciones presuntamente aceptó, tramitó y avaló la contratación con particulares no registrados en la lista de proveedores de la UNGRD que fueron seleccionados previamente por un funcionario de la entidad.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/AMCJ/MRPG/GFDCSJ
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
