El procesado permanece privado de la libertad por un hecho similar en el que movilizaba en una camioneta 168 kilogramos de cocaína en Totoró (Cauca). 

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó nuevamente ante un juez de control de garantías a Manuel Antonio Castañeda Bernal, por su presunta participación en otro hecho en el que eran transportados estupefacientes en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP). 

La noche del 20 de agosto de 2022, en el kilómetro 88 de la vía Andalucía – Y de Cerritos, en inmediaciones de Pereira (Risaralda), fueron capturados en situación de flagrancia dos hombres que movilizaban 340 kilogramos de marihuana en una camioneta que estaba al servicio de la UNP. 

De acuerdo con los elementos de prueba, Castañeda Bernal le habría entregado un juego de placas y un carné falso de la UNP a una de las personas que recogió el alijo en el barrio Ciudad Jardín, en Cali (Valle del Cauca); y acompañaba el traslado terrestre con destino a Medellín (Antioquia). Además, acompañaría el recorrido y estaría encargado de alertar sobre la presencia de la fuerza pública. 

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Manuel Antonio Castañeda Bernal el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El cargo no fue aceptado. 

El procesado fue capturado el 10 de diciembre del 2022, en Totoró (Cauca), por transportar 168 kilogramos de cocaína en una camioneta de la UNP. Desde entonces permanece privado de la libertad en centro carcelario. 

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

LMFO/JARG/JHO/DECN/MRC/ 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.