En uno de los hechos investigados, dos personas le habrían amarrado los genitales a una canina con un alambre.
Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) presentaron ante jueces de control de garantías a tres personas, que estarían implicadas en agresiones contra perros en Norte de Santander y Tolima.
‘Maya’: agredida con un alambre
Una denuncia ciudadana permitió rescatar a ‘Maya’, una canina a la que sus dueños le habrían amarrado los genitales con un alambre para evitar que quedara en embarazo. Este caso ocurrió en zona rural de Toledo (Norte de Santander). Fue conocido en enero de 2021, cuando el animal fue trasladado de urgencias a una clínica veterinaria para que recibiera atención.
Por la gravedad de las lesiones causadas a ‘Maya’, la Fiscalía imputó a los dos presuntos responsables el delito de maltrato animal.
Muerte por omisión en atención
En julio de 2021, un perro, de nombre ‘Trailer’, fue sometido a una intervención quirúrgica por una hernia, en Ibagué (Tolima). Sin embargo, días después retornó al centro veterinario porque, al parecer, su dueño no le brindó la asistencia ni el cuidado postoperatorio requerido.
Los elementos de prueba indican que ‘Trailer’ no recibió los medicamentos recetados y presentaba vómito continuo, entre otras afectaciones a su salud. Como consecuencia de esta posible omisión, la herida se infectó y el animal sufrió una falla multisistémica que le ocasionó la muerte.
En ese sentido, la Fiscalía imputó a Nelson Javier Guzmán Escobar, el propietario del perro, el delito de maltrato animal.
La Fiscalía habla con resultados
AMCJ/JARG/MCRC/AG/GELMA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
