En otro hecho, fue judicializado un hombre señalado de atacar con arma blanca a un perro y ocasionarle un trauma craneal.
Fiscales del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) imputaron a dos hombres que estarían involucrados en graves agresiones a perros en Risaralda y Santander.
Mal procedimiento de esterilización
La Fiscalía judicializó a Libardo Díaz López, como presunto responsable de practicarle procedimientos quirúrgicos a su animal de compañía sin ser médico veterinario.
Los hechos ocurrieron el pasado 29 de mayo, en el corregimiento de Caimalito, en La Virginia (Risaralda). La ciudadanía denunció que el hombre estaba esterilizando a un perro en un andén. Unidades de la Policía Nacional que acudieron al lugar encontraron al canino con una fuerte hemorragia, por lo que fue trasladado a una clínica especializada. Los veterinarios establecieron que sufrió un shock hipovolémico septicémico, debido a la gran cantidad de sangre que perdió.
Díaz López fue imputado por el delito de maltrato animal.
Agresión con arma blanca
El 29 de agosto del año en curso, Georgen Bautista Ascanio, al parecer, atacó con un arma blanca a un perro llamado ‘Maicol’, en vía pública de Piedecuesta (Santander).
La agresión se habría presentado en medio de una discusión que sostenía el hombre con el dueño del canino. El animal le ladró a Bautista Ascanio, quien presuntamente reaccionó causándole un trauma craneal. ‘Maicol’ fue sometido a una cirugía reconstructiva en la parte superior de su ojo izquierdo debido a la gravedad de la herida.
Georgen Bautista Ascanio fue imputado por el delito de maltrato animal agravado, cargo que no fue aceptado.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/JARG/MR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
