El procesado, Milton Libardo Jiménez Arboleda, también está vinculado a una investigación por su posible participación el plan de fuga de alias Matamba.
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado al exinspector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Milton Libardo Jiménez Arboleda, quien se encuentra privado de la libertad por presuntamente permitir escapar de la cárcel La Picota de Bogotá al excabecilla del ‘Clan del Golfo’, Juan Lárrinson Castro Estupiñán, alias Matamba.
El exfuncionario estaría involucrado en el asesinato de Humberto Peña González, un dragoneante de la cárcel de Caloto (Cauca), en mayo de 2010. La víctima se trasladaba en una motocicleta a su lugar de residencia, en Santander de Quilichao (Cauca), y fue interceptada en el camino por dos hombres armados que le causaron la muerte.
El material de prueba obtenido por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos da cuenta de que Jiménez Arboleda habría conseguido y aportado parte del dinero que le fue entregado a los sicarios para ejecutar el crimen.
Al parecer, participó en la planeación y financiación de la acción legal porque el dragoneante, compañero suyo, lo reportó ante los superiores y pidió su traslado inmediato por posibles actos de indisciplina y de incumplimiento de sus deberes.
Ante una juez de control de control de garantías de Caloto (Cauca), el procesado no aceptó el cargo en su contra. Actualmente, permanece privado de la libertad en la cárcel Picaleña de Ibagué (Tolima).
Esta información se publica por razones de interés general.
JARG/HCG/DJR/DEVDH/MCRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
