Los elementos de prueba dan cuenta de que la administración municipal se abstuvo de abrir licitación pública y entregó de manera directa un contrato por más de 10.334 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; al exgerente de las Empresas Públicas Municipales (Emcali), Juan Diego Flórez; y al exdirector de la Unidad Administrativa Especializada de Servicio Públicos Municipales, Marco Aurelio Vera Díaz, como presuntos responsables de las irregularidades detectadas en un contrato de alumbrado navideño para la ciudad.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el 26 de agosto de 2020. El exmandatario y los otros dos exfuncionarios suscribieron de manera directa un contrato por 10.334’292.032 de pesos, mediante la modalidad de contrato interadministrativo. Sin embargo, la normatividad vigente indica que para este tipo de procesos contractuales debía abrirse una licitación pública, de tal manera que se garantizara la participación de otros oferentes y la escogencia de la propuesta más favorable.
En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Cali imputó a los tres exfuncionarios el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Adicionalmente, a Vera Díaz se le imputó además el delito de prevaricato por acción, en el entendido de que habría dado viabilidad al contrato de alumbrado público, a través de una resolución del 25 de agosto de 2020.
Los procesados no aceptaron los cargos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
