Uno de los casos está relacionado con un ataque con arma blanca. En el otro, un perro habría sido utilizado para actos sexuales.
La contundencia del material probatorio recolectado por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) permitió la judicialización de dos hombres que, en hechos distintos, habrían agredido a dos perros en Cesar y Valle del Cauca.
Ataque con arma blanca a ‘Boster’
El 27 de febrero de 2019, Cesar Camilo Maestre Carrillo, presuntamente, ocasionó la muerte a un perro llamado ‘Boster’. De acuerdo con la investigación, el señalado agresor, al parecer, interceptó al animal en vía pública de Pueblo Bello (Cesar) y, sin explicación alguna, lo atacó con un arma blanca en el abdomen.
El canino fue trasladado de urgencias a un médico veterinario, pero presentaba heridas de consideración que impidieron su recuperación. Maestre Carrillo fue imputado por el delito de maltrato animal agravado.
Agresión a ‘Roko’
La evidencia obtenida por la Fiscalía da cuenta de que Diego Hebert Muñoz Sandoval, al parecer, utilizó a ‘Roko’ un perro de 7 años para realizar actos sexuales.
Este caso sucedió el pasado 6 de junio, cuando el hoy procesado prestaba labores de vigilancia en un establecimiento comercial de El Cerrito (Valle del Cauca). El ataque habría quedado registrado en los videos de las cámaras de videovigilancia del local.
Luego del ataque, el animal fue trasladado de urgencias a un centro veterinario, donde fue atendido por una lesión grave que requirió tratamiento especializado.
AMCJ/JARG/MCRC/AG/
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
