Estas acciones hacen parte de ‘Argenta’, la estrategia dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de la criminalidad organizada y el narcotráfico.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 26 inmuebles que habrían sido adquiridos con dineros producto de las actividades ilegales de la organización delictiva Caicedo La Loma, en Medellín.
Se trata de 16 predios entre rurales y urbanos, 6 vehículos y 4 establecimientos de comercio, cuyo valor preliminar se aproxima a los 15.500 millones de pesos.
La investigación permitió conocer que varios de los activos eran usados para el acopio y la comercialización de sustancias ilícitas en las comunas 8, 9 y 10, en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
Caicedo La Loma es un grupo del que hacen parte otras estructuras conocidas como ‘La Milagrosa’, ‘San Antonio’, ‘La Roja’, ‘Los BJ’ o ‘Chamizos’, ‘Los Conejos’ y ‘Betania’, las cuales estarían involucradas en homicidios, desplazamientos, narcomenudeo y tráfico de armas de fuego.
Como principales cabecillas de esta red figuran Héctor Alexis Muñoz Goez, alias Draculín; Martín Fernando Tamayo Cano, alias El Viejo o Mao; y Jaime Mauricio Agudelo Echavarría, alias Killin. Los bienes afectados con fines de extinción de dominio estaban a nombre de estos y otros integrantes de la red o de sus familiares.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se encargará de administrar las propiedades ocupadas.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA /JARG /MGA/LPDS/DEEDD/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
