Con estas acciones fueron afectadas organizaciones dedicadas a actividades ilegales como ‘Los Pitbull’ que delinquen en Fusagasugá (Cundinamarca) y ‘Los del Puente’ que comercializan estupefacientes en Dagua (Valle del Cauca).

Con el propósito de afectar las finanzas de las organizaciones ilegales que atentan contra la seguridad y salud públicas en distintas partes del territorio nacional, la Fiscalía General de la Nación desplegó un operativo contra redes dedicadas al microtráfico.

Un grupo de fiscales adscritos a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, junto a sus componentes de policía judicial se desplazaron a municipios de cuatro departamentos donde fueron ocupados 8 inmuebles urbanos, 1 establecimiento de comercio y 42 vehículos.

El material de prueba recaudado evidenció que los activos sobre los que se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión fueron destinados a actividades como acopio, comercialización y transporte de estupefacientes que eran comercializados en espacios públicos y a domicilio.

Los predios se encuentran ubicados en Fusagasugá (Cundinamarca), y los barrios Simón Bolívar, Bellavista y San Albano de Pasto (Nariño), el barrio La Granja en Montería (Córdoba) y Dagua (Valle del Cauca). El valor de los activos supera los 2.000 millones de pesos.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes cobijados con medidas cautelares.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

MAGA/OECP/AFDM/MLGP/LAFB/LPDS/DEEDD/MRC.

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.