Una fiscal adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 12 inmuebles ubicados en seis localidades de Bogotá.
La investigación, adelantada con el apoyo de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, evidenció que los predios, cuyo valor se calcula en más de 4.500 millones de pesos, habrían sido usados por integrantes de las redes narcotraficantes conocidas como Los Boys y Los Parientes para almacenar, dosificar y posteriormente comercializar bazuco, cocaína y marihuana.
Las labores de policía judicial evidenciaron que Los Boys delinquían, al menos, desde 2016 en las localidades de Bosa y Kennedy; mientras que Los Parientes lo hacían en Suba, Engativá, Mártires y Rafael Uribe Uribe.
La evidencia física recaudada permitió establecer que producto de esta actividad las redes de microtráfico tenían ingresos diarios superiores a 1 millón de pesos.
En desarrollo de las acciones penales la Fiscalía General de la Nación judicializó a 12 de presuntos integrantes de Los Boys y 14 de Los Parientes quienes fueron imputados por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) administrará los bienes afectados.
Esta información se publica por considerarla de interés general.
La Fiscalía habla con resultados. MAGA/CSR/LPDS/DEEDD/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
