La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre siete bienes avaluados en más de 4.000 millones de pesos, que harían parte del patrimonio ilícito de una organización delincuencial señalada de simular exportaciones, y que fue desarticulada en 2021.
Se trata de un inmueble urbano, dos rurales, tres vehículos y un establecimiento de comercio ubicados en Cúcuta (Norte de Santander) y Cartagena (Bolívar).
Los elementos de prueba indican que, entre 2016 y 2018 la red ilegal habría constituido empresas fachada, presuntamente, dedicadas a la fabricación de calzado y al comercio de materias primas agropecuarias. A través de estas compañías se habría querido justificar el ingreso al país de 64.000 millones de pesos.
Los supuestos involucrados en estas actividades, al parecer, retiraban distintas sumas de dinero en efectivo y cheques, o recurrían a terceras personas que prestaban sus nombres para recibir el dinero en sus cuentas.
De esta manera, presuntamente, se buscó dar apariencia de legalidad a millonarias sumas procedentes del exterior, y se quiso burlar los controles dispuestos por las autoridades.
Estas acciones se desarrollaron en el marco de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar con contundencia las finanzas de las organizaciones delincuenciales, las redes criminales y los grupos de narcotráfico.
Los bienes afectados con suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su correspondiente administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/SJRW/JARG/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
