La investigación evidenció una serie de movimientos financieros a cuentas de personas cuyas actividades no guardaban relación con las empresas importadoras.
La acción conjunta de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), permitió identificar e impactar el patrimonio ilícito de un conglomerado empresarial que estaría involucrado en el contrabando de textiles y artículos provenientes de Estados Unidos.
La evidencia recaudada indica que, al menos, tres personas pusieron a disposición del entramado criminal dos sociedades importadoras señaladas de ingresar al país de manera ilegal contenedores cargados de zapatos, telas y prendas de vestir, entre otras confecciones.
La Fiscalía demostró que los integrantes de esta organización pusieron en marcha distintas maniobras para evadir los controles de las autoridades aduaneras y simular el cumplimiento de todos los requerimientos de ley. Por ejemplo, reportaban menores cantidades de mercancía, pasaban los textiles sin la documentación que soportara su origen o nacionalizaban los productos parcialmente.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección contra los Delitos Fiscales imputó a tres personas concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
De otra parte, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 22 inmuebles y 2 sociedades ubicadas en Villavicencio (Meta), Barranquilla (Atlántico) y Bogotá. El valor preliminar de las propiedades asciende a 6.000 millones de pesos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/LPDS/DEEDD/LABF/DPFC/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
