Las propiedades afectadas habrían sido destinadas para el almacenamiento y comercialización a bajo costo de mercancía que ingresaba de manera ilegal al país por los puertos del Caribe y el Pacífico colombiano.
La Fiscalía General de La Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 6 inmuebles urbanos, 4 vehículos, 1 sociedad y 1 establecimiento de comercio que habrían estado al servicio de una red delictiva dedicada al contrabando.
Los bienes, que en valor superarían los 10.000 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas de manera coordinada con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en Bogotá.
En las investigaciones se constató que las propiedades afectadas, al parecer, fueron utilizadas para el almacenamiento o comercialización de mercancía que ingresaba de manera ilegal al país por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar). Posteriormente, los cargamentos de contrabando eran trasladados en tractocamiones a bodegas y parques empresariales cerca de Bogotá; y luego distribuidos a zonas de comercio del centro y oriente de la ciudad.
La Fiscalía estableció que la red delictiva estaría conformada, en su mayoría, por ciudadanos asiáticos, que recibirían apoyo de algunos colombianos para el transporte y venta de los productos a menores precios de los establecidos en el mercado.
Los bienes ocupados fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/LPDS/DEEDD/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
