De esta manera fue afectado el patrimonio ilícito de redes dedicadas a la venta ilegal de chance y transportar elementos hurtados, dinero y armas.
La Fiscalía General de la Nación realizó de manera simultánea tres procedimientos de ocupación con fines de extinción del derecho de dominio contra organizaciones delictivas que afectan la seguridad en Ibagué (Tolima), Tumaco (Nariño) y Palestina (Caldas).
En las diligencias fueron afectados tres inmuebles urbanos, nueve vehículos y varias cuentas bancarias, que superan en valor 1.000 millones de pesos. Los resultados son:
- Investigadores del CTI ocuparon tres inmuebles urbanos y seis vehículos avaluados en 984 millones de pesos, los cuales pertenecerían a grupo ilegal ‘Las Vegas’, dedicado a la venta ilegal de chance en Palestina y Chinchiná (Caldas). Esta actividad habría sido ejercida durante ocho años por distintas personas que tenían roles
- En un trabajo articulado con la SIJIN de la Policía Nacional fue afectado un vehículo, que supera en valor los 77 millones de El automotor estaría al servicio de una organización vinculada al transporte de dinero en efectivo y armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas en Tumaco (Nariño).
- En Ibagué (Tolima) fueron afectadas con fines de extinción de dominio dos camionetas avaluadas en más de 100 millones de pesos, que habrían sido utilizadas para movilizar objetos de valor que hurtaba una red que ingresaba violentamente a residencias o forzando cerraduras y El procedimiento contó con el apoyo de la Policía Metropolitana de Ibagué.
La Fiscalía impuso sobre todos los bienes medidas cautelares ante la evidencia de su origen y uso ilícito, y los puso a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/LPDS/DEEDD/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
