Víctimas y procesados firmaron acta de compromiso para iniciar el proceso de capacitaciones, labor social y restablecimiento de derechos.
La Seccional Cali de la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de dinamizar la aplicación de las figuras premiales, puso en marcha una estrategia para aplicar justicia con acciones afirmativas en casos de violencia intrafamiliar.
Se trata de la aplicación del Principio de Oportunidad en 50 casos, en los cuales la agresión ha sido catalogada como leve. En estos casos, víctimas y procesados se comprometen, a través de la firma de un acta, a cumplir el 100% del plan que la Fiscalía disponga para renunciar a la acción penal. Esta suscripción se cumplió el pasado 31 de mayo en la Universidad Santiago de Cali.
De esta manera, y durante dos meses, las partes afectadas deben acatar un plan de capacitaciones en derechos humanos, nuevas masculinidades, valores, prevención y cuidado de la familia; así como a la realización de labores sociales para los procesados, las que se suman a las actividades públicas de embellecimiento de la ciudad.
Además, los procesados deben cumplir a cabalidad el plan completo de actividades, de tal forma que la Fiscalía, ante un juez, pueda solicitar el principio de oportunidad en la modalidad de renuncia de la acción penal. El funcionario judicial es autónomo para decidir si la acepta o no.
Las víctimas, por su parte, recibirán capacitación y orientación en cuanto a trabajos de emprendimiento.
A esta nueva forma de aplicar justicia se unió la Administración Municipal, la Policía Nacional con la Patrulla Púrpura y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de esta ciudad, entre otras entidades.
MAP/DSC/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
