A alias el Alacrán la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, secuestro extorsivo, fabricación o porte ilegal de armas agravado y hurto calificado.
Un fiscal especializado de la Seccional Casanare logró que un juez con función de control de garantías impusiera medida carcelaria en contra de Carlos Andrés Pinzón Silva, presunto cabecilla de la organización delincuencial “Los Alacranes”.
Según las investigaciones, Pinzón Silva habría ordenado el secuestro de al menos 5 personas en Casanare durante los últimos cuatro meses para hacer exigencias económicas a sus familiares a cambio de sus liberaciones.
Dentro de las personas secuestradas figuran ganaderos, comerciantes y una pareja de novios que departía en uno de los ríos de la región.
Las otras tres personas capturadas en operativos coordinados con Gaula Policía, a quienes un juez les legalizó la captura y dictó medidas restrictivas de su libertad, estarían relacionadas con la tenencia del dinero producto de las extorsiones. Se trata de su esposa, su mamá y un hombre que estaría vinculado con la comisión de estos delitos.
La Fiscalía imputó a Pinzón Silva los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, secuestro extorsivo, fabricación o porte ilegal de armas agravado y hurto calificado, cargos que no aceptó.
Por los mismos hechos, fueron judicializadas dos personas más a las que se les impuso medida carcelaria.
De esta manera en la Seccional Casanare se da cumplimiento a lo dispuesto por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de esclarecer con contundencia los delitos que afectan la seguridad ciudadana.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
LAZL/CFG/APS/DSC/.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
