La Fiscalía General de la Nación, en un trabajo coordinado con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, impactaron en los municipios de Buriticá, Amalfi y Anorí (Antioquia) las finanzas de redes criminales dedicadas a la explotación ilícita de minerales.
Durante las acciones adelantadas en Buriticá, las autoridades encontraron oro amalgamado, mercurio, 6 motores, 1 taladro eléctrico y 1 motobomba. Además, se intervinieron 5 plantas de energía que abastecían los socavones ilegales. Con el apoyo de la Gobernación de Antioquia fueron desconectados los transformadores que surtían de energía el lugar.
Cálculos preliminares evidencian que estas actividades generaban rentas ilícitas superiores a los 15.000 millones de pesos mensuales, para organizaciones criminales como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua.
En Anorí y Amalfi las autoridades impactaron la explotación ilegal de oro que era practicada en inmediaciones del río Pance. En total, fueron destruidas 6 retroexcavadoras y 1 motor industrial avaluados en 3.000 millones de pesos.
La Fiscalía estableció que estas actividades generaban, para los frentes Capitán Mauricio y Héroes de Anorí del ELN, al igual que para el Clan del Golfo, ingresos ilícitos por más de 930 millones de pesos cada mes.
Según la investigación, estas actividades generaban incalculables afectaciones al ambiente, pues contaminaban las fuentes hídricas con mercurio y cianuro, alteraban el terreno y deforestaban importantes áreas.
LKSC/MAGA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
