Fueron ocupados con fines de extinción de dominio 21 bienes, avaluados en cerca de 3.000 millones de pesos.
El trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional permitió impactar las finanzas de una red que estaría involucrada en la alteración de alimentos y medicamentos, los cuales eran distribuidos a establecimientos de comercio y algunos operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
En diligencias realizadas en Medellín, Itagüí y Guarne (Antioquia); y Bucaramanga (Santander), fueron ocupados con fines de extinción de dominio 10 inmuebles urbanos, 3 vehículos, 1 sociedad y 5 establecimientos de comercios, que pertenecerían a integrantes de la estructura ilegal.
Los bienes, avaluados preliminarmente en 3.000 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.
Según la investigación, la organización delictiva ingresaba al país productos de Chile y Ecuador, en algunos casos vencidos o en malas condiciones. Posteriormente, les modificaban las fechas de expiración, lotes de fabricación, registros, etiquetas, sellos de seguridad, tablas nutricionales y otros elementos.
Con esa apariencia de autenticidad, alimentos y medicamentos eran vendidos a contactos en Medellín, Santafé de Antioquia, Rionegro y Bello (Antioquia); Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico) y Cúcuta (Norte de Santander), entre otras ciudades. Asimismo, llegaban a los encargados de suministrar los suplementos alimentarios a colegios oficiales. Esta práctica se identificó en Medellín y Bucaramanga.
Las propiedades afectadas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/CS/LPDS/DEEDD/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
