A los señalados cabecillas de la red ilegal les fueron ocupados bienes con fines de extinción de dominio avaluados en 1.500 millones de pesos.
En desarrollo de la Estrategia Argenta, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de las organizaciones de crimen organizado y de los grupos narcotraficantes, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares a bienes que habrían sido adquiridos con dineros producto del tráfico trasnacional de estupefacientes.
Se trata 11 inmuebles, entre rurales y urbanos; 11 vehículos y 99 semovientes, los cuales fueron ocupados en una acción conjunta de la Fiscalía y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Guarne y Yarumal (Antioquia), Santander de Quilichao y Popayán (Cauca), Pasto (Nariño) y Neiva (Huila).
Los activos ascenderían en valor a 1.500 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que pertenecerían a dos hombres conocidos con los alias de Chamizo y El Flaco, quienes serían los cabecillas de una estructura narcotraficante señalada de enviar cocaína y marihuana a Chile.
Estas personas, al parecer, sacaban los cargamentos de varios municipios de Cauca y los trasladaban vía terrestre por Ecuador, Perú y Bolivia, hasta ponerlos en territorio chileno. Las evidencias dan cuenta de que ejercían esta actividad ilícita desde 2016.
En el curso de la investigación se estableció que, mensualmente, la organización criminal alcanzaba a invertir hasta 1.700 millones de pesos de las rentas ilegales obtenidas para comprar inmuebles, automotores y cabezas de ganado. Los animales, presuntamente, eran vendidos en ferias ganaderas a precios muy por debajo de los definidos en el mercado.
Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/MC/LPDS/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
