En diligencias realizadas en Manizales (Caldas) fueron ocupados con fines de extinción de dominio nueve bienes avaluados en más de 12.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, como parte de la estrategia investigativa integral para judicializar y afectar el patrimonio de los presuntos responsables de actos de corrupción, ocupó con fines de extinción de dominio nueve bienes que habría adquirido por el excongresista Mario Alberto Castaño Pérez.
Las diligencias fueron realizadas por el CTI de la Fiscalía en Manizales (Caldas). Las propiedades afectadas, avaluadas en más de 12.000 millones de pesos, están representadas en 1 inmueble urbano, 1 establecimiento de comercio y 7 vehículos.
De acuerdo con los elementos de prueba, el excongresista compró los bienes y los puso a nombre de una sociedad transportadora para, presuntamente, intentar evadir el control de las autoridades. En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso a los activos medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión
Este resultado corresponde a una segunda fase investigativa dirigida a detectar el patrimonio constituido por el exsenador, quien aceptó ante la Corte Suprema de Justicia haber articulado una red ilegal que, presuntamente, direccionó ilícitamente la contratación en varias regiones.
En la primera fase, realizada en junio pasado, fueron ocupados 28 inmuebles urbanos, 7 vehículos, 2 sociedades y 1 establecimiento de comercio, cuyo avalúo ascendió a 13.717 millones de pesos. En esa oportunidad, los procedimientos se realizaron en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas), Quibdó (Chocó), Cartagena (Bolívar) y Medellín (Antioquia).
Todos los bienes afectados están a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/CC/LPDS/DEEDD.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
