En diligencias realizadas en Cundinamarca, Atlántico y Valle del Cauca fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más 5.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 18 bienes que habrían sido adquiridos por personas implicadas en el multimillonario desfalco al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos).
Los activos afectados son 15 inmuebles urbanos, 1 predio rural y 2 vehículos, cuyo avalúo preliminar asciende a 5.000 millones de pesos. Todos fueron ocupados en diligencias realizadas por personal del CTI de la Fiscalía en Chía (Cundinamarca), Barranquilla y Puerto Colombia (Atlántico), y Cali (Valle del Cauca).
Las propiedades están a nombre de 21 personas, entre abogados y exempleados de la Empresa Puertos de Colombia, y algunos de sus familiares, quienes se habrían confabulado para obtener de manera irregular prestaciones, primas, reliquidaciones pensionales y sentencias que ordenaron el pago de acreencias labores a las que no tenían derecho los reclamantes.
Estas actuaciones irregulares ocurrieron en 1998 y generaron pérdidas al Estado por 37.000 millones de pesos. En su momento, varios de los implicados fueron judicializados y condenados por peculado por apropiación entre otros delitos.
Los bienes afectados con medidas cautelares quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/VV/LPDS/DEEDD/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
