Cinco personas fueron judicializadas, entre ellas un teniente y dos integrantes de la Policía Nacional que, mientras estuvieron activos, habrían facilitado el tránsito de la mercancía por las carreteras. 

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, judicializó a cinco personas que harían parte de una red delincuencial que, entre 2018 y 2022, habría ingresado millonarios cargamentos de cigarrillos de contrabando al territorio nacional.

Esta organización, al parecer, recibía en el Golfo de Urabá y otras zonas costeras del Caribe las cajetillas de cigarrillos provenientes de China, Corea, India, Estados Unidos y Paraguay. Los elementos de prueba indican que, con el posible auspicio de algunas autoridades de tránsito, las movían por vía terrestre hacia Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y algunas provincias de Ecuador donde eran comercializadas.

Por estos hechos fueron presentados ante un juez de control de garantías los señalados cabecillas de la estructura ilegal; al igual que un teniente y dos exintegrantes de la Policía de Tránsito y Transporte que, mientras estuvieron activos, habrían facilitado el actuar criminal de la red ilegal.

La Fiscalía imputó a estas personas el delito de concierto para delinquir agravado. Los procesados seguirán vinculados a la investigación.

En otras actividades contra esta estructura delictiva fue incautada mercancía de contrabando avaluada en más de 10.000 millones de pesos. Los procedimientos se realizaron en Colombia y Panamá.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

 

 

MAGA/JARG/LQC/DECDF. 

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.