Un soldado profesional y dos uniformados en retiro fueron capturados y judicializados.
Son señalados de sustraer partes de armas de largo alcance de instalaciones militares y entregarlas para ensamblar fusiles y ametralladoras que eran vendidos a las disidencias de las Farc, el ELN y el ‘Clan del Golfo’.
Luego de valorar los elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al soldado profesional Esinhawer Romero Moreno, al suboficial en retiro Harold Alejandro Ráquira García y al soldado profesional en retiro Sergio Lozano Morales, por su presunta participación en una red de tráfico ilegal de armas.
Estas personas pertenecieron a las Unidades Móviles de Mantenimiento de Armamento de la Cuarta y la Sexta División del Ejército Nacional. Al parecer, aprovecharon sus cargos para sustraer armas de largo alcance de distintos batallones para que fueran vendidas a estructuras de las disidencias de las Farc, el ELN y el ‘Clan del Golfo, que delinquen en Caquetá, Putumayo, Huila, Tolima, Antioquía, Meta y Chocó.
En el curso de la investigación se conoció que también habrían sacado de los depósitos militares piezas de diferentes tipos de armas, las cuales fueron utilizadas para ensamblar, por lo menos, 100 fusiles, ametralladoras y lanzagranadas que terminaron en manos de los grupos armados ilegales.
Por todo lo anterior, funcionarios del CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Brigada de Contrainteligencia Militar y el Gaula Militar, capturaron al soldado profesional y a los dos militares en retiro. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Uno de los procesados aceptó los cargos.
MARA/JARG/RHGV/DECOC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
