Luis Fernando Ravelo Moreno habría ordenado la acción sicarial desde el centro carcelario en el que permanecía privado de la libertad. 

Hombres armados ingresaron a un establecimiento de comercio de Barrancabermeja (Santander) y dispararon contra dos personas que departían en el lugar, causándoles la muerte. La líder de la población LGBTIQ+, Diana Milena Ruiz Galvis, y un ciudadano que la acompañaba decidieron salir del sitio para evitar inconvenientes; sin embargo, mientras se movilizaban en una motocicleta fueron alcanzados por los sicarios y atacados con armas de fuego. La mujer murió mientras su compañero quedó gravemente herido.

Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que Luis Fernando Ravelo Moreno, alias Pincho, uno de los señalados cabecillas de la estructura delincuencial autodenominada ‘Los de la M’ o ‘Los Marihuanos’, habría ordenado el crimen perpetrado el 13 de enero del año en curso.

Esta persona, que permanecía privada de la libertad en un centro carcelario por diferentes hechos delictivos, presuntamente contactó a varios sicarios de su organización ilegal y les pidió ejecutar la acción violenta.

En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.