Desde el lugar en el que permanecía recluido presuntamente hizo exigencias económicas por un liberación que nunca se concretaría.
Como Pedro David Nieves Mosquera fue identificado uno de los señalados responsables del secuestro y crimen de un topógrafo, en hechos ocurridos el 21 de marzo de 2025, en zona rural de Yopal (Casanare).
La víctima fue contactada para que se trasladara de su lugar de residencia, en Pore (Casanare), a un punto específico en el que supuestamente se concretaría la prestación de sus servicios en un sector conocido como Morichal.
Todo se trataba de un engaño porque no hubo contratación. El hoy procesado, desde el sitio en el que permanecía privado de la libertad, presuntamente llamó a los familiares del profesional y, presentándose como integrante de las disidencias de las Farc, les indicó que el topógrafo estaba secuestrado y debían pagar una suma de dinero por su liberación.
Los elementos materiales probatorios indican que se realizaron varias transacciones; sin embargo, lejos de regresar con vida el cuerpo de topógrafo fue encontrado semanas después en un área boscosa con varias heridas de arma de fuego.
En ese sentido, una fiscal de la Seccional Casanare imputó a Nieves Mosquera los delitos de secuestro extorsivo agravado, desaparición forzada, homicidio agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá permanecer privado de la libertad en centro carcelario.
Por este hecho, la Fiscalía ha judicializado a siete personas que habrían participado en la retención y posterior crimen del topógrafo.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
