El procesado es señalado de ocultar el cuerpo de la víctima en una caja que dejó abandonada.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Martín Alonso Gárces Carvajal, de 56 años, como presunto responsable de los actos de tortura y posterior homicidios de una mujer, en hechos ocurridos entre el 26 y 30 de diciembre de 2024, en Medellín (Antioquia).

Este hombre es señalado de citar a la víctima para alertarla sobre el supuesto hurto de un teléfono celular en el establecimiento de comercio donde ella trabajaba. Posteriormente, fue visto movilizándola en una motocicleta.

Las evidencias obtenidas, entre estas videos de cámaras de seguridad, dan cuenta de que la mujer estuvo en control de Garcés Carvajal durante cuatro días. Finalmente, el cuerpo fue encontrado desmembrado en una caja, junto con prendas de vestir, un reloj de hombre y una camándula, en vía pública del barrio Campo Valdés de la comuna cuatro de la ciudad.

Según declaraciones de testigos, el señalado agresor habría regresado al lugar de trabajo de la víctima haciendo afirmaciones sobre el crimen e indicando que le faltaban más mujeres por atacar.

Garcés Carvajal fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble del sector San José de la Cima del barrio Manrique. En el procedimiento se incautaron una tarjeta SIM, tres cuerdas de amarre, ropa interior femenina y varias camándulas.

Un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de tortura y homicidio agravado. El procesado no aceptó los cargos y un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.