Bienes que habrían sido adquiridos con dineros producto de la actividad ilícita fueron ocupados en diligencias realizadas en municipios del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Tolima.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre siete bienes que harían parte del patrimonio de una red delincuencial señalada de vender ilegalmente chance.
Se trata de cuatro inmuebles urbanos y tres vehículos, cuyo avalúo supera los 1.600 millones de pesos. Los activos fueron ocupados en diligencias realizadas por la DIJIN de la Policía Nacional en Dosquebradas (Risaralda), Chinchiná (Caldas), Caicedonia (Valle del Cauca) y Chaparral (Tolima).
De acuerdo con el material de prueba, los dueños de estas propiedades se habrían concertado desde 2017, para comercializar ilícitamente juegos de suerte y azar en varios municipios de Risaralda, Quindío y Caldas. Asimismo, se estableció que producto de los roles y ganancias obtenidas, al parecer, alcanzaron a extender su actuar delictivo a Valle del Cauca, Tolima y Huila.
Las personas a quienes les fueron afectados sus bienes fueron condenadas por delitos como ejercicio ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentístico, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/DPMC/LPDS/DEEDD/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
