En el marco del Direccionamiento Estratégico 2024–2028 “Experiencia e innovación al servicio de la justicia”, la Fiscalía General de la Nación lideró una Brigada de Promoción Institucional Articulada en el municipio de San Estanislao de Kostka (Bolívar).
La jornada buscaba exponer la oferta de servicios de la institución, las rutas especiales de atención para las víctimas, además de orientar a la comunidad, y divulgar los distintos canales a los que pueden acudir los interesados.
En esta oportunidad se contó con la participación de entidades como Personería Municipal, Comisaría de Familia, inspección de Policía, las secretarías de Gobierno, y del Interior, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben), programa de Adulto Mayor y enlace de víctimas de la administración local.
De manera paralela, la Fiscalía mediante un acercamiento con una institución educativa implementó la estrategia ‘Mi Voz y Mis Derechos Cuentan’. Ejercicio dirigido a estudiantes de educación básica secundaria y media con quienes abordaron temáticas preventivas de violencia sexual y el alcance del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
Con estas acciones, la entidad busca acercar sus servicios a los territorios, facilitar el acceso oportuno a la justicia y garantizar una atención integral a las personas que requieren acompañamiento institucional. Asimismo, promueve el conocimiento de las rutas de atención, con el fin de actuar de manera pronta y eficaz ante las situaciones que afecten los derechos de la ciudadanía.
La Dirección Seccional Bolívar reafirma su compromiso de garantizar una justicia más cercana a los ciudadanos de los 46 municipios del departamento.
MEVA/MAGA/MLJ/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
