La Dirección Especializada contra la Corrupción se reorganiza. Ahora sus fiscales estarán en los territorios, atendiendo de primera mano los delitos contra la administración pública y los mecanismos de participación ciudadana, y entendiendo las dinámicas criminales asociadas con estas conductas delictivas para lograr la judicialización de los responsables.
Con el propósito de fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación en las regiones, la Dirección Especializada contra la Corrupción (DECC) se reorganizó para hacer presencia en los territorios que requieren acciones prioritarias y específicas contra los fenómenos de corrupción.
A través de la Resolución N°376 de 2025, fueron creadas cinco regionales especializadas contra la corrupción, conformadas por 31 fiscales y sus respectivos equipos de trabajo: asistentes e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la DIJIN de la Policía Nacional.
Estos equipos de Fiscalía anticorrupción cubrirán: la Región 1 desde Barranquilla y Bucaramanga (Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina). La Región 2 desde Medellín, Montería, Pereira y Quibdó (Antioquia, Caldas, Chocó, Córdoba, Quindío y Risaralda). La Región 3 desde Cali, Popayán y Pasto (Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca). La Región 4 desde Bogotá, Ibagué, Neiva y Tunja (Bogotá D. C, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima). Y la Región 5 desde Villavicencio y San José del Guaviare (Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada).
Esta descentralización tuvo en cuenta criterios de experiencia e idoneidad de los funcionarios, responde a un riguroso diagnóstico de la carga laboral de la Dirección Especializada contra la Corrupción y busca hacer frente a las dificultades que impiden adelantar con mayor celeridad las investigaciones, entre ellas la excesiva concentración de talento humano y recursos investigativos en la capital, la cual conllevaba al traslado constante de personal para el acopio de elementos materiales probatorios y evidencias física por todo el país, entre otros aspectos.
Para evitar traumatismos, se pondrá en funcionamiento un sistema de reparto aleatorio y automático de casos que no existía en esta Dirección y que condujo, en su momento, a la asignación directa de investigaciones a los distintos fiscales anticorrupción, por parte del Fiscal General de turno. El sistema de reparto aleatorio se funda en criterios de (i) territorialidad, tomando en consideración el lugar de comisión de las conductas asociadas a fenómenos de corrupción, (ii) especialidad, referida a la modalidad delictiva especifica y (iii) características similares de comisión, en búsqueda de identificar prácticas y patrones de corrupción.
Producto de los análisis realizados y los reportes de priorización recibidos por parte de los propios fiscales, 355 casos con significativos avances para su judicialización o ya en etapa de juicio, seguirán a cargo de los fiscales anticorrupción que los vienen conociendo, con lo cual se da continuidad a las actividades investigativas, a la estrategia de litigio y se evitan reprogramaciones.
La Resolución N°376 de 2025 de la DECC también dispone la conformación de 25 grupos de tareas especiales para abordar líneas específicas de investigación, como también una línea de trabajo para dar atención prioritaria a los delitos contra los mecanismos de participación democrática de cara al proceso electoral que se aproxima, con presencia en Bogotá, Villavicencio, Cali, Barranquilla y Medellín.
Como parte del cambio que se imprime a la investigación y judicialización de delitos asociados a fenómenos de corrupción, la Fiscalía General de la Nación invita a la ciudadanía a acudir a las salas de denuncia habilitadas en cualquier punto del país para reportar asuntos de esta naturaleza.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
