Los involucrados aceptaron su responsabilidad, y en un acto público pidieron perdón y se comprometieron a no repetir su actuar violento en contra de la fauna silvestre. 

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), esclareció los hechos relacionados con la muerte de un puma concolor o león americano, ocurrida el pasado 13 de septiembre, en El Águila (Valle del Cauca). 

Robinson Ramírez Flórez y Jesús Antonio Tapias, los involucrados en este caso, fueron descubiertos con la piel y la osamenta del felino. En su momento, fueron imputados por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y maltrato animal. Inicialmente, no aceptaron los cargos; sin embargo, ante la contundencia de las pruebas recopiladas, decidieron reconocer su responsabilidad. 

En un acto público organizado por la Fiscalía, en articulación con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y Panthera Colombia, los dos hombres pidieron perdón, se comprometieron a no repetir su actuar violento contra los animales e hicieron un llamado a la comunidad a cuidar la fauna silvestre. 

Con esta manifestación de arrepentimiento, cesa la acción penal en contra de estas dos personas, mediante la aplicación de un principio de oportunidad como mecanismo de justicia restaurativa para solucionar el conflicto de manera pacífica y promover la participación en actividades sociales de prevención. 

Esta información se publica por razones de interés general.   

La Fiscalía habla con resultados 

 

 

 

CLCG/LYBT/JMT/DSV/ 

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.