Siete familias recibieron apoyo sicológico, sicosocial y jurídico por parte de la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de que se prepararan para recibir los restos de sus familiares, quienes fueron víctimas del conflicto interno armado.
Médicos forenses, sicólogos, trabajadores sociales, una odontóloga forense y abogados, entre otros, hicieron parte del equipo interinstitucional de apoyo, que trabajaron durante dos días con los 40 familiares de las víctimas, cuyos cuerpos fueron exhumados entre los años 2011 y 2015 en Sucre, Bolívar y Norte de Santander.
Los homicidios fueron cometidos por grupos ilegales como el Bloque Héroes de Los Montes de María, el frente Golfo de Morrosquillo de las AUC-; el Bloque Caribe y el frente 37 de las FARC; el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Veintiocho años después, la familia de Antonio Manuel Casseres Medina, de 48 años, recibirá sus restos. Fue muerto Montecristo (Bolívar) delante de sus hijas.
La familia de Jesús María Chávez Vega lo vio por última vez el 10 de agosto del 2002, cuando tenía 26 años. Había llegado de Cartagena (Bolívar) a Palacio, un caserío en San Onofre (Sucre), con la ilusión de construirle una casa a su madre.
Mientras estaba en esa labor, un grupo armado al margen de la ley y le pidió que lo acompañara, pero Jesús María se negó y les dijo que estaba ocupado. Los hombres al ver su negativa lo llevaron a la fuerza.
Ese mismo día los familiares comenzaron a buscarlo, pero no lo encontraron. Cinco días después les informaron donde habían dejado el cuerpo. A pesar de esto no lo pudieron recuperar por la violencia de la zona y, al contrario, fueron desplazados a Cartagena.
Alipio Vargas Agudelo tenía 45 años cuando desapareció. A la víctima con anterioridad un grupo armado ilegal lo había extorsionado, robado y amenazado. El 29 de marzo del 2001 viajaba en su chalupa con un grupo de pasajeros desde Tiquisio hasta Magangué, ambas localidades de Bolívar, cuando lo detuvieron en un retén ilegal y lo asesinaron. Su cuerpo fue exhumado del cementerio del corregimiento de Colorado en Tiquisio.
A José Luis Medina Suarez, de 28 años, lo inhumaron en el cementerio de Carmen de Bolívar (Bolívar) luego de que lo asesinaran en una finca de la zona con cuatro personas más a las que también dejaron en este camposanto.
La misma suerte corrió Miguel Enrique Medina Pedroza, de 57 años, a quien inhumaron en el cementerio de la vereda Centroalegre, del corregimiento de Macayepo en el Carmen de Bolívar. Su familia, después de 24 años, podrá descansar.
Entre las víctimas figuran también Alexánder Mercado Fonseca, de 31 años, y Justiniano Contreras, de 46 años, a quien asesinaron cerca de su finca en el corregimiento La Pacha, en El Rosario (Bolívar).
Hasta la fecha ningún postulado de la Ley de Justicia Transicional ha aceptado ninguno de estos crímenes.
La diligencia judicial se adelantó a través del Grupo de Exhumaciones de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional.
JLH / AAEA
