Los predios, avaluados en más de 26.700 millones de pesos, están ubicados en Montería (Córdoba).
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) tres bienes que estarían relacionados con la denominada ‘Casa Castaño’, propiedad de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
Se trata de las fincas: El Tambo, Cabano y Támesis ubicadas en Montería (Córdoba) cuya extensión total es de 430 hectáreas y su valor alcanza los $26.719’025.000. Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
Estos terrenos hacen parte del patrimonio de Jesús Alfonso Berrio Ramírez, alias Poncho Berrio, quien estaría vinculado con la actividad paramilitar de los hermanos Castaño.
Por solicitud de un fiscal del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, el pasado 15 de junio la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín (Antioquia) decretó medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de los citados predios.
Los bienes entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas se encontraban bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y surtido el trámite de improcedencia establecido en la ley ahora pasan al FRV para su administración.
En los últimos 30 meses la Fiscalía ubicó y entregó al citado fondo 156 bienes vinculados a la ‘Casa Castaño’. El valor de estos activos alcanza los $131.446’868.532.
Esta información se publica por razones de interés general.
LMFO/MAGA/SSR/DJT/MRC/
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004
