Este sábado 6 de abril en el corregimiento de Pueblo Bello, Antioquia, en una ceremonia especial, la Fiscalía General de la Nación iniciará la entrega de los cuerpos de las primeras siete personas que fueron plenamente identificadas como parte de las víctimas asesinadas y desaparecidas el 14 de enero de 1990 en esa región por orden de Fidel Castaño; dos de ellos eran menores de edad.
Respetando las creencias religiosas de los afectados, la Unidad de Derechos Humanos ha programado una serie de actividades que inician con el acto mencionado que se realizará a las diez de la mañana y al que también asistirán los familiares de los otros 36 desaparecidos producto de esa masacre.
Luego en el cementerio de esa población, se inhumarán tres cuerpos. En horas de la tarde en el municipio de San Pedro de Urabá, se realizarán los cultos propios de las familias de otras dos víctimas que serán sepultadas en esa misma localidad. El lunes ocho de abril en el municipio de Cañasgordas, se harán las actividades religiosas para otro cuerpo y el sábado 13 de abril se adelantarán los actos protocolarios para la entrega de los restos óseos de la séptima víctima en Puerto Libertador, Córdoba.
La masacre de Pueblo Bello ocurrió el 14 de enero de 1990 hacia las 8:30 de la noche cuando cerca de 60 hombres que hacían parte de “Los Tangueros” que trabajaban para Fidel Castaño, ingresaron a la población y se llevaron a la fuerza y amarrados a 40 campesinos. Luego los pobladores fueron torturados, asesinados y enterrados pero también los dos conductores y el ayudante que los transportaron hasta la Finca “Las Tangas”. En total fueron 43 víctimas, cuatro de ellos menores de edad.
Según información de varios participantes de las ejecuciones, la razón principal de los homicidios fue el hurto de un ganado de Castaño y el posterior asesinato de Humberto Quijano, administrador del jefe de las Autodefensas.
A la fecha, se tienen técnicamente identificados ocho personas del grupo de campesinos del corregimiento de Pueblo Bello, uno más identificado indiciariamente, continuando desaparecidas 34 personas.
Por estos hechos hay 23 personas judicializadas: 17 condenados, la mayoría por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada, terrorismo, tortura y concierto para delinquir. Dos capturados en etapa de juicio, uno acusado y tres detenidos con medida de aseguramiento. Además a 30 se les extinguió la acción penal por muerte.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia donde se ordena la judicialización de los responsables de la masacre, la búsqueda de las víctimas, identificación y entrega a los familiares cumpliendo con los protocolos de respeto y dignidad.
