Entre este grupo de bienes hay propiedades que pertenecerían a la denominada ‘Casa Castaño’ y a Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, entregará al Fondo para la Reparación a las Víctimas 114 inmuebles, avaluados en más de 132.200 millones de pesos, que harían parte del patrimonio ilícito obtenido por las estructuras de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos armados ilegales.
Se destacan, entre otros, 16 bienes ubicados en Atlántico, Bolívar y Córdoba vinculados a la denominada ‘Casa Castaño’, por un valor de 64.204 millones de pesos; así como 7 oficinas en Bogotá relacionadas con Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, y el Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC, cuyo avalúo asciende 19.086 millones de pesos.
Estos bienes están afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, las cuales fueron decretadas por tribunales de Justicia y Paz, durante los dos últimos meses.
Los 114 bienes que serán puestos a disposición del Fondo para la Reparación a las Víctimas en los próximos días hacen parte de la segunda fase, en la que se han entregado 49 bienes por valor de 44.000 millones de pesos. Estas propiedades están ubicadas en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Sucre y Valle del Cauca.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
LMFO/JARG/JSSR/MCR/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
