Se trata de la cuarta fase del plan de entregas liderado por la Dirección de Justicia Transicional, que pone a disposición del Fondo, para su administración, propiedades que habrían sido adquiridas por las extintas AUC.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, culminó la cuarta fase de entrega de bienes al Fondo para la Reparación a las Víctimas, al poner a disposición 73 Inmuebles que harían parte del patrimonio ilegal obtenido por las estructuras de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las propiedades, avaluadas en 52.726 millones de pesos, están ubicadas en Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Risaralda y Valle del Cauca.
Su origen ilícito quedó en evidencia gracias al trabajo investigativo realizado de manera articulada con el CTI de la Fiscalía, y sus grupos especializados de peritos, contadores, forenses y topógrafos, entre otros.
En esta cuarta fase sobresalen ocho inmuebles ubicados en Bogotá, que estarían vinculados a Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, y al Bloque Central Bolívar de las AUC, y cuyo valor asciende a 9.784 millones de pesos. Asimismo, figuran cuatro fincas en Cáceres (Antioquia) relacionadas con el Bloque Héroes de Granada de las AUC, avaluadas en 6.127 millones de pesos; y un predio en Necoclí (Antioquia), asociado al Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, por 3.027 millones de pesos.
En algo más de 33 meses, desde febrero de 2020, la Fiscalía ha entregado 996 bienes al Fondo para la Reparación a las Víctimas, que ascienden en valor a 796.099 millones de pesos.
Esta información se publica por razones de interés general.
LMFO/JARG/SSR/DJT/MRC/
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
