La Fiscalía General de La Nación en Huila, con el propósito de brindar atención oportuna y garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia, y en acciones conjuntas con la Alcaldía de Pitalito, firmó el Convenio Interadministrativo de Cooperación para la implementación de Puntos de Autogestión.
El objetivo de este modelo es que los usuarios, por sí mismos, y a través de los medios técnicos y tecnológicos dispuestos por la Fiscalía, registren sus denuncias para así acceder de manera más rápida y evitar tiempos de espera y congestión en las salas de denuncias.
Este convenio se firmó a través de la Oficina de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones de la Seccional Huila, que priorizó la creación de este Punto de Autogestión dentro de las salas de denuncia ubicadas en el primer piso de la sede de Fiscalías de Pitalito en el barrio Siglo XXI.
La Fiscalía, a través de atención al usuario, capacitará a funcionarios que pondrá a disposición de la Alcaldía de Pitalito para guiar y enrutar a los ciudadanos en el uso y funcionamiento de los mismos.
Asimismo, para lograr un efectivo esclarecimiento de las conductas punibles que afectan a Pitalito, y conforme a la misionalidad, la Fiscalía designó un fiscal único para la Unidad de Reacción Inmediata.
La Fiscalía continúa focalizando recursos investigativos que permitirán avanzar en la judicialización de los delitos que más afectan al departamento y reducir tiempos de esclarecimiento.
La Fiscalía habla con resultados.
LMGM/CFG/DFHI/DSH
También le puede interesar: Ruta de Esclarecimiento Itinerante de la Fiscalía llegará al municipio de Pitalito (Huila)
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
