Tras avalar las evidencias y el material probatorio de la Fiscalía, el juez 13 Penal Municipal dictó medida de aseguramiento en contra de 10 presuntos miembros del grupo delincuencial organizado Los del Alto, dedicada al hurto violento, agravado, porte ilegal de armas, entre otros delitos.

Los asegurados fueron imputados con cargos por un fiscal seccional como presuntos coautores responsables de los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego, accesorios, partes, y municiones, fabricación, tràfico, y porte de estupefacientes, utilización ilegal de uniformes e insignias, simulación de investidura o cargo.
La Fiscalía logró agrupar 5 eventos delictivos, con igual número de víctimas de la banda Los del Alto, quienes operaban en el sur y oriente de la capital del Valle, entre abril y diciembre de 2021. Uno de los blancos fue una empresa se vigilancia y seguridad privada, en la que, utilizando uniformes de la Policía, varios de los asegurados ingresaron de manera violenta, agredieron físicamente a los empleados y se apoderaron de 17 revólveres calibre 38, 3 pistolas calibre 9 milímetros y munición.
En noviembre de 2021, varios de sus miembros, portando uniformes e insignias de la Sijin de la Policía Metropolitana, ingresaron violentamente a una vivienda habitada por una madre y sus dos hijas menores. Uno de los presuntos asaltantes intimidó a una mujer con un arma de fuego, mientras otros dos retenían por la fuerza a dos menores, amenazandolas con que si no les daban dinero las mataban allí mismo. La estructura delictiva se apoderó de joyas, dinero, teléfonos celulares y huyeron del lugar.
Otros dos asaltos fueron realizados por la banda en viviendas de ciudadanos, luego de ingresar vestidos de Policías, violentando dispositivos de seguridad, forzando entrada a la garita de seguridad, sometiendo al vigilante, logrando hurtar dinero, teléfonos celulares, y otros bienes.
Los ocho hombres y las dos mujeres fueron capturados durante operativos de registro y allanamiento, bajo la coordinación de un fiscal EDA, durante 19 diligencias judiciales en las que fueron incautados dos vehículos, cuatro armas de fuego, entre ellas pistolas traumáticas y una escopeta, 5 teléfonos celulares, 72 cartuchos de diferentes calibres. Así como cocaína, bazuco, y marihuana, una chaqueta color verde con insignias de la Sijin, dos gorras de la Policía Nacional, un radio portátil, un chaleco antibalas, y $80.000.
Fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario Juan Sebastián Quintana Sánchez, alias Sebas, presunto jefe de la estructura criminal; Bladimir Agredo Sánchez, alias Blacho; Juan Pablo Alzate Artunduaga, alias Pablo; Joan Andrey Montero Enríquez, alias Joan; Jorge Armando Garay Quimbayo, alias Frijol; Yesid Daniel Campo Montenegro, Yeso; José Roberto Alzate; Ramiro Sánchez; y Yenny Paola Díaz Ortiz.
En contra Bridney Saray Narváez, alias Saray, el servidor judicial dictó medida de aseguramiento en lugar de residencia.
El ente investigador señaló logró a Quintana Sánchez agredir al ciudadano Edwin Miguel Guerrero con un arma cortopunzante y disparado en 7 oportunidades, provocándole la muerte. En este mismo evento habría participado, en calidad de cómplice, Bladimir Agredo Sánchez, quien sería fue la persona que le entregó el ama de fuego a alias Sebas para que cometiera el homicidio.
Solo uno de los 10 imputados aceptó los cargos, los otros 9 declararon su inocencia.
La Fiscalía habla con resultado
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JGP/SEG/CFG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.