Gracias a los elementos materiales probatorios recopilados durante varios meses de seguimiento, un Fiscal de la seccional Vichada, logró que un juez del circuito de Puerto Carreño (Vichada), legalizara los allanamientos, capturas e impusiera medidas restrictivas de la libertad para varias personas quienes, al parecer, integrarían el grupo delincuencial ´Las Monas´, dedicada la venta y distribución de sustancias psicoactivas.
Las procesadas son: Ana Yasmira Peroza Siba, Karina Lisbeth Siba Siba, Yojiandry Yanderyn Hurtado Davalillo, Beidis Mar Rodríguez Reyes, Zuleny Johana Chávez Castillo, quienes fueron capturadas en flagrancia, cuatro de ellas de nacionalidad extranjera, mientras que José Milton Herrera Rojas fue capturado por porte ilegal de armas.
Durante los allanamientos fueron incautados varios equipos celulares, dinero en efectivo, bolsas con contenidos con sustancias alucinógenas, libros donde al parecer se llevaba la relación del material que se distribuía, grameras electrónicas y dos motocicletas entre tros elementos.
El Fiscal del caso, imputó a las mujeres como presuntas responsables de los delitos de concierto para delinquir en concurso de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, mientras que a Herrera Rojas se le imputó por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas, ninguno aceptó los cargos endilgados por el ente acusador, no obstante, el juez acogió las solicitud del ente acusador de imponer medida de aseguramiento para las capturadas, y medidas restrictivas para José Milton Herrera Rojas.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAZL/FAGH/CMCHC/DSV/.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
