Cinco personas fueron judicializadas, una de ellas, habría instrumentalizado a su hijo para el comercio ilícito de las sustancias ilegales.
Un fiscal de la Seccional Amazonas presentó ante un juez de control de garantías en Leticia a cinco presuntos integrantes de la organización ilegal Los del Progreso, red dedicada a comercializar marihuana y cocaína en barrios vulnerables del municipio de Puerto Nariño (Amazonas).
Labores de policía judicial evidenciaron que en varias de las acciones ilegales eran instrumentalizados menores de edad.
Se trata de los hermanos Ever y Germán Castillo Peña, quienes en compañía de Luis Ricardo Ríos Macho, Luis Alberto Salazar Sánchez, José Manuel Pinedo Santos y Sander Ángel Meléndez Silvano vendrían distribuyendo estupefacientes al menudeo en sus viviendas.
Labores de policía judicial evidenciaron que en varias de las acciones ilegales eran instrumentalizados menores de edad. Esta última conducta fue atribuida a Meléndez Silvano, quien se cree recurría a su hijo para distribuir las sustancias ilícitas con valores de entre 5.000 y 10.000 pesos.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, delitos como destinación ilícita de muebles o inmuebles, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de un delito.
Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional en el municipio de Puerto Nariño (Amazonas). Con este procedimiento fue desmantelada la organización ilegal.
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, a los investigados le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. Ninguno aceptó su responsabilidad en los delitos imputados.
MARA/MAGA/DOPM
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
