Un fiscal de la Seccional Santander judicializó ante un juez de control de garantías a siete presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Satélites, red ilegal responsable del hurto de plantas eléctricas y baterías de litio de antenas repetidoras. Estas acciones habrían provocado pérdidas económicas cercanas a 4.000 millones de pesos a varias compañías de telefonía celular.
Se trata de Luis David Ayala Mantilla, Néstor Fabian Niño Gómez y Julián Andrés Martínez, Sergio Andrés Núñez, Néstor Mauricio Arenas, Andrés Pinto Ortiz, John Fredy Conde, quienes fueron imputados, según sus posibles responsabilidades individuales, con delitos como: concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y receptación.
La investigación evidenció que los delitos atribuidos a los procesados vendrían ocurriendo desde junio de 2023 en los municipios de Tona, Palmas del Socorro, Galán, Zapatoca, Girón y Bucaramanga.
Labores de policía judicial determinaron que los investigados, al parecer, accedían a las instalaciones privadas por la fuerza para desinstalar las piezas que permitían el funcionamiento de las antenas, para luego venderlo en partes.
Los investigados fueron capturados por la Policía Nacional durante ocho diligencias de registro y allanamientos practicadas en Bucaramanga (Santander) y Bogotá. En las acciones se recuperaron dos plantas de energías valoradas en 320 millones de pesos, entre otros artefactos eléctricos.
Por decisión judicial Luis David Ayala Mantilla, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. Niño Gómez, Martínez Núñez, Arenas, Pinto Ortiz y Conde, deberán cumplir la restricción de libertad en sus domicilios.
DRA/LMFO/MAGA/OM/DSS.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
